Argentina y el posneoliberalismo de Sader

19-11-14 |

En un artículo difundido por varios sitios de medios alternativos, el intelectual Emir Sader hace referencia a supuestos gobiernos antineoliberales en América del Sur, incluyendo entre otros a Uruguay, Brasil y la Argentina

 

Por Luis Lafferriere  (*).

En uno de sus párrafos expresa textualmente: “los gobiernos antineoliberales de América Latina – Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, por orden de aparición – han resistido al neoliberalismo y dado inicio al proceso de construcción de alternativas, con gobiernos que llamamos posneoliberales. Atacan a tres ejes fundamentales del neoliberalismo: a la prioridad del ajuste fiscal, por medio de la prioridad de las políticas sociales; a la prioridad de Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos por la prioridad de los procesos de integración regional y por los intercambios Sur-Sur; a la centralidad del mercado, por el rescate del rol activo del Estado como inductor del crecimiento económico y la distribución de renta”.

Como desde nuestras cátedras y en las múltiples actividades de extensión venimos desde hace más de diez años analizando críticamente el despliegue del nuevo modelo de acumulación vigente en la Argentina, consideré necesario realizar algunas observaciones a lo que interpreto como un grave error de diagnóstico de parte de Sader. Para no ser tan extenso en mis consideraciones, haré referencia a dos cuestiones: una, “los tres ejes fundamentales del neoliberalismo” y el supuesto ataque a los mismos en la Argentina; y la otra, a las diferentes fases del neoliberalismo, como proyecto político de las corporaciones más poderosas del mundo en relación a la reestructuración del capitalismo a partir de la crisis de los años ’70.

“Los tres ejes fundamentales del neoliberalismo”
1) El ajuste fiscal. Más allá de lo pregonado en el discurso neoliberal respecto del tema fiscal, creo que la ofensiva neoliberal nunca tomó el tema del ajuste como una cuestión fundamental. Porque en el manejo de las finanzas públicas (al igual que las políticas públicas en general) lo esencial fueron los objetivos que se proponían, y que en muchos casos requerían de un pronunciado déficit fiscal. En el caso de la Argentina, con el inicio del neoliberalismo durante la última dictadura militar y luego lo que deja como herencia a los posteriores gobiernos democráticos, existió un creciente gasto público y un inmanejable déficit fiscal, provocados por la pesada deuda pública (ilícita y fraudulenta) y por los subsidios gigantescos a los grandes grupos empresarios.

Como la estructura tributaria que delineó la dictadura (y continúa hasta hoy) se basa principalmente en impuestos indirectos y regresivos, fue una constante de casi todos los gobiernos la convivencia con un persistente déficit fiscal.

Precisamente será recién con el gobierno kirchnerista que se logrará cumplir con el ansiado superávit fiscal, que alcanzará para cubrir las obligaciones con la usura internacional y el pago religioso de los subsidios a las corporaciones. Eso fue posible no sólo por la voluntad ordenadora del gobierno respecto de las finanzas públicas, sino principalmente por dos factores: el interno, que fue la brutal caída del poder adquisitivo de los salarios del sector público y de los haberes de jubilados estatales (en los primeros años del “modelo K”), y el externo, dado por la bonanza extraordinaria de los precios de los bienes primarios que exportamos (y el incremento paralelo de la recaudación de los derechos a la exportación).

Considerando la importancia para el establishment de recuperar la perdida credibilidad del pueblo argentino en el sistema partidocrático y frenar la resistencia social al modelo neocolonial, la abundancia de fondos públicos permitió luego acompañar con mayor gasto público la expansión de la demanda interna, hasta que se fueron apagando los motores iniciales y volvió el déficit fiscal. Pero entremedio, la modalidad de ajuste estuvo dada por la complicidad del Estado nacional y sus políticas en permitir elevados índices de inflación, que garantizaban y aún garantizan al sector público notables incrementos de la recaudación, pero a costa de afectar el poder adquisitivo de los sectores mayoritarios de la población.

En los últimos tiempos el ajuste promovido por el gobierno se apoya en dos elementos: pérdida del poder adquisitivo del salario vía la inflación y mayor carga tributaria sobre los sectores de ingresos medios y bajos. Mientras tanto, sectores concentrados y rentas privilegiadas en diversas actividades gozan de exenciones impositivas, que no reflejan precisamente una política progresista y anti-ajuste, sino más bien lo contrario.

Respecto de la supuesta prioridad de las políticas sociales, es erróneo asignar al gobierno kirchnerista la autoría de esas medidas. En principio las políticas sociales de asistencia a sectores excluidos se iniciaron en los años ’90 (neoliberalismo menemista) y luego continuaron de la mano de los organismos internacionales como el Banco Mundial (que no son precisamente instrumentos del progresismo). Y su objetivo central fue y sigue siendo emparchar los graves males sociales que genera la profundización del modelo neocolonial, que destruye numerosos sectores productivos generadores de trabajo genuino.

2) La integración regional. No hay dudas que el principal proceso de integración que impulsó la Argentina fue el Mercosur, en especial en su comercio con Brasil (más allá de lo que se pregona en los discursos oficiales, que no se corresponde para nada con la realidad concreta del intercambio comercial).

Esa integración en el Mercosur fue iniciada y desarrollada por el gobierno neoliberal de Menem en los años ’90, pero en esencia es impulsada como una estrategia central de las corporaciones automotrices extranjeras para ambos países, donde la Argentina cumple un rol secundario de simple armaduría. Y además, debemos reconocer que no se trata de integración de los pueblos sino de “los mercados” de la mano de sus actores más concentrados.

En relación al comercio Sur-Sur, que estaría desplazando al tradicional intercambio Norte industrializado-Sur primarizado, es necesario entender los cambios producidos en la economía mundial desde los años 70 y 80 del siglo XX hasta hoy, donde las grandes transnacionales de los países capitalistas centrales vienen desarrollando una estrategia de internacionalización productiva, llevando gran parte de su producción a países periféricos con muy bajos costos laborales, ambientales y tributarios.

Y a medida que se fue consolidando esta estrategia, gran parte de sus exportaciones se realizan desde esos países (caso principal la República Popular China). Considero que es una postura por demás simplista (y errónea) asignar un valor positivo al mayor intercambio que tenemos con países como China, que reproducen de manera alarmante el mismo patrón de dependencia comercial que la Argentina tuvo con Inglaterra desde fines del siglo XIX hasta los años 40 del siglo XX.

3) La centralidad del mercado vs el rol activo del Estado. Aunque se trata de un tema que llevaría un debate muy extenso, considero en primer lugar que es un falso debate, ya que el mercado sin Estado no existiría, ni existiría el sistema capitalista. Lo central, en todo caso, es analizar qué rol cumple el Estado al intervenir más o menos activamente en la actividad económica. Durante la última dictadura militar el Estado jugó un rol central para desmantelar las bases de sustentación del modelo ISI (industrialización por sustitución de importaciones), destruir sectores productivos, transferir recursos a capitales concentrados, etc.

También el rol del Estado fue esencial durante la nefasta década del ’90, sin cuyas políticas no hubiese sido factible la demolición de lo que aún quedaba de herencia de la ISI como tampoco generar las bases de un nuevo modelo para la Argentina (que se desplegará con fuerza desde fines del 2002 en adelante).

Desde la última dictadura militar el Estado tuvo prioridades tanto en términos de destrucción-construcción de modelos de acumulación, como de transferencia de riquezas hacia los sectores más concentrados de la sociedad. Y más allá del discurso o de las medidas que supuestamente llevarían a reforzar al Estado en contraposición a la centralidad del mercado, se omite o ignora que tanto cuando el Estado avanza (caso YPF, AFJP, etc) como cuando retrocede (legislación y política para megaminería, ley de hidrocarburos, etc.), siempre lo viene haciendo con un mismo fin: reforzar el capitalismo dependiente en la Argentina, de la mano del modelo neocolonial extractivista depredador, de saqueo y corrupción.

Este tema nos lleva a la segunda cuestión: el supuesto pos o anti neoliberalismo de los gobiernos de América del Sur.

Como parto de considerar al neoliberalismo como el proyecto político de los capitales más concentrados del planeta, que buscan reconstruir el sistema mundial de dominación a partir de la crisis de los años ’70, no considero que esa estrategia sólo abarca la primera etapa (destrucción y “limpieza del terreno”), sino que es más integral y procura reordenar al capitalismo en función de sus intereses y de una nueva vuelta de la concentración y centralización económica.

En América del Sur la ofensiva neoliberal se inició en la década del ’70 con varios golpes de estado y dictaduras sangrientas, que tenían como objetivo comenzar la etapa de destrucción de los modelos socioeconómicos vigentes, cambiando la correlación de fuerzas en detrimento de los sectores populares y fortaleciendo la dominación de las corporaciones extranjeras, del capital financiero y de las oligarquías nativas a su servicio.

El posterior retorno a la democracia no significó para nada el retiro de los sectores dominantes o la renuncia a la recomposición y profundización de la dependencia en estos países, sino que tuvo gobiernos que fueron adaptándose a la nueva realidad y aceptando las presiones para poner la democracia al servicio de esa reestructuración regresiva y antipopular.

En la Argentina de los noventa vivimos una etapa de bisagra entre la demolición de lo que aún quedaba en pie del modelo ISI, y en la gestación de las bases de un nuevo modelo que se apoyará en sectores dominados ampliamente por las corporaciones extranjeras, mayoritariamente extractivistas depredadores, y otros ligadas a sus estrategias más generales a nivel internacional: agronegocios centrados en la monoproducción de soja transgénica con uso masivo de agrotóxicos, megaminería contaminante a cielo abierto, extracción furiosa de hidrocarburos (ahora sumados al uso del fracking), armadurías (como la automotriz o bienes electrónicos), etc. Y sumado a todo eso, el sostenimiento a rajatabla del pago incondicional y sin investigar su origen, de la deuda odiosa y fraudulenta que no debemos, que ya pagamos más de diez veces, y que cada vez debemos más. Este modelo gestado en los ’90 y desplegado desde fines del 2002 se apoya en un marco jurídico de absoluta entrega de nuestra soberanía al capital financiero y a las corporaciones extranjeras.

¿Qué tiene de antineoliberal la política de entrega y depredación de quienes gobiernan la Argentina en los años que llevamos del siglo XXI? Sólo si creemos que el neoliberalismo fue la primera etapa de la ofensiva del gran capital y que su único objetivo hubiese sido la destrucción del modelo existente, podemos confundir lo que sucede luego.

Al menos en la Argentina, la primera etapa (de destrucción) fue continuada por la segunda (de construcción), con los mismos protagonistas y beneficiados del poder económico, y con los mismos perjudicados. Y esa realidad no se altera en su esencia a pesar de la bonanza transitoria que significó el saqueo irracional de nuestros bienes comunes, cuyos precios elevados en el mercado mundial alcanzaron a repartir migajas entre los sectores que en el marco de este modelo aparecen como sobrantes.

En síntesis, confundir estos gobiernos asignándoles un carácter progresista y anti-neoliberal es un grueso error que no nos permite visualizar los grandes problemas que estamos enfrentando y la falta de futuro de estos modelos de profundización del capitalismo dependiente. Sólo se contribuye a una mayor confusión o a generar falsas expectativas en relación al rumbo actual. Porque en la medida que equivocamos el diagnóstico, será imposible acertar en las soluciones y transitar los caminos necesarios para luchar por el cambio social.

 

Luis Lafferriere (*) es profesor titular de economía y de periodismo económico, carrera de Comunicación Social – Universidad Nacional de Entre Ríos. Director del Programa de Extensión de cátedra “Por una nueva economía, humana y sustentable”. Miembro de la Junta Abya Yala por los Pueblos Libres (JAPL).